Sentencia analizada: Sentencia T.S. 637/2011 (Sala 1) de 5 de octubre
Extracto doctrinal: Propiedad Horizontal: Obras que afectan a elementos comunes, consistentes en la instalación de un ascensor en un local triplex. Falta de demostración por la demandante de que en el edificio de su propiedad vivan, trabajen o presten servicios personas discapacitadas.

Segundo.-El único motivo del recurso acusa la infracción, por no aplicación, de los artículos 49 de la Constitución, 1.2, 2, 3 y 6 de la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, 1, 2, 4, 6 y 7 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y 10 de la Ley de Propiedad Horizontal en la redacción dada por la Disposición Adicional Tercera de la mencionada Ley 51/2003, así como denuncia la transgresión, por no aplicación, de la jurisprudencia establecida en las SSTS de 7 de julio de 1989, 13 de julio de 1994, 5 de julio de 1995, 22 de septiembre de 1997, 22 de noviembre de 1999 y 28 de septiembre de 2006, concerniente a que el principio de accesibilidad universal debe interpretarse como transversal para toda la normativa de la propiedad horizontal, sin restringirlo al derecho a una vivienda digna de los discapacitados, sino que, con criterios sociológicos y de adaptación a la realidad social, autorizados por el artículo 3 del Código Civil, debe asimismo aplicarse para favorecer la accesibilidad a todo tipo de local abierto al público, y singularmente a una clínica donde se prestan servicios de salud, sin necesidad de que en el local residan o trabajen minusválidos.

La recurrente cuestiona la decisión impugnada al entender que es contraria a la jurisprudencia de esta Sala, según la cual se atenúa la exigencia de unanimidad en los supuestos de superación de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso y la movilidad de las personas con minusvalía, y la califica como alejada de la realidad social.

El motivo se desestima por los razonamientos que se indican a continuación.

1.º- La configuración del inmueble de la comunidad de propietarios y de sus accesos es la siguiente: «Las viviendas sitas en las plantas segunda y siguientes cuentan con su propio portal, con ascensores, mientras que el local propiedad de «Ginefiv, S.L.», que es un triplex con tres niveles, planta sótano, baja y primera, con acceso independiente desde la vía pública, carece de tales ascensores y se comunican las distintas plantas únicamente mediante una «escalera particular», según consta en la descripción registral de la finca.

2.º- En el informe elaborado por el arquitecto don Simón, a petición de la Comunidad de Propietarios, se refleja que el edificio dispone de dos accesos independientes, «(…) el de la derecha está dedicado en exclusividad a las instalaciones de «Ginefiv, S.L.» que figura con el n° 9 B y el situado a la izquierda al resto de los propietarios de la finca que figura con el n° 9 » .

Dicho estudio refleja también que la obra se sitúa en las tres plantas del local propiedad de «Ginefiv, S.L.» y consiste » (…) en la instalación de un ascensor que une las plantas baja y primera, destinada a dar servicio a personas de movilidad reducida «.

3.º- La cuestión planteada se refiere a la libertad de accesos, pero la sentencia recurrida ha declarado la omisión probatoria por la actora de que en el edificio de su propiedad vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años, según exige el artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Horizontal en su redacción dada por el apartado primero de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 51/2003.

4.º- La instalación del ascensor no consta en el Título constitutivo de la Comunidad de Propietarios.

5.º- Aunque el comunero debe tener la posibilidad de utilizar su propiedad de la manera más extensiva, en el caso debatido nos encontramos ante un supuesto de obras ajenas a los servicios de interés general que, amén de cambiar las reglas esenciales del Título, afectan a elementos comunes, como son los forjados de las plantas primera y baja, que alteran el suelo y el subsuelo del edificio, de modo que ha de aplicarse el principio legal de que nadie puede realizar labores de fábrica fuera de su superficie interna, aunque estén dentro del propio piso o local, sin la autorización unánime de la Junta de Propietarios.

6.º- Según reiterada jurisprudencia de esta Sala, de ociosa cita, no cabe redargüir las conclusiones de la sentencia de apelación con los razonamientos de la de primera instancia que no es objeto del recurso, lo que no ha cumplido la recurrente en su escrito de interposición de la casación.

7.º- El requisito de que, previamente a la solicitud de instalación del elevador hidráulico, haya personas minusválidas o ancianas, que vivan en la zona del edificio a que se refiere dicha mejora, no concurre en este caso, al tratarse de la ampliación de actividad para consultorio de ginecología, banco de semen, laboratorio de capacidad espermática, banco y laboratorio de embriones, lo cual queda sentado como hecho probado en la instancia y no es susceptible de revisión casacional.

8.º- La autorización administrativa para la instalación de una clínica ginecológica por sí sola no obliga a la Comunidad de Propietarios a permitir obras en el local; en el caso que nos ocupa, es preciso el acuerdo por unanimidad de la Junta de Propietarios.

9.º- La sentencia de la Audiencia no vulnera el artículo 49 de la Constitución -relativo a la política de previsión, tratamiento, rehabilitación de los poderes públicos e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este precepto otorga a todos los españoles-, toda vez que la resolución impugnada se refiere exclusivamente a la omisión probatoria de la residencia de discapacitados en los locales de propiedad de la demandante y no a los pacientes o clientes de una clínica ginecológica, sin que sea exagerado exigir la previa acreditación de la vivienda de aquéllos en el edificio.

10.º- Ninguno de los preceptos señalados en el motivo ha sido infringido por la sentencia de segunda instancia, como tampoco la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias indicadas en su encabezamiento, que está referida a supuestos distintos del que es objeto de este debate.

Tercero.-Respecto al interés casacional relativo a la aplicación recurrida de normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a otras anteriores de igual o similar contenido, corresponde manifestar que la Ley 51/2003, amén de explicar los principios de accesibilidad universal y transversalidad de las politicas en materia de discapacidad en el artículo 2, y su ámbito de aplicación en el artículo 3, en la Disposición Adicional Tercera establece lo siguiente: «…la Comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las obras de accesibilidad para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior…».

De modo terminante, la Disposición exige la observancia de los presupuestos que cita para obligar a la Comunidad a la realización de determinadas obras, entre las que se encuentra la instalación de un ascensor en elementos comunes, cuya omisión provoca el decaimiento de la cuestión planteada, a lo que se une lo expresado en el punto 5.º del fundamento de derecho precedente para la autorización de labores de esta naturaleza.