La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Aragón de veinticuatro de octubre del año dos mil catorce, estudia el despido objetivo individual, estableciendo:

 

“Es pacifico -no existe jurisprudencia unificadora en tal sentido- el que las Comunidades de Propietarios no son entidades empresariales dedicadas a actividad mercantil o industrial que obligue a analizar sus decisiones bajo el prisma riguroso de la rentabilidad de la medida combatida. Así no puede hacerse referencia a la existencia o no de pérdidas pues tal afirmación carece de sentido real, ya que no es su finalidad obtener

beneficio alguno ni llegar a una cuenta de resultados favorable al término de cada ejercicio, sino atender las cargas y servicios comunitarios de manera satisfactoria y adecuada a las posibilidades financieras de los copropietarios que la componen

Ni puede sostenerse, como se desprende de las manifestaciones del recurrente, que los copropietarios deban contribuir hasta su propia insolvencia, a sufragar los gastos de la Comunidad sin realizar acción alguna para reducirlos.

Y no es menos cierto que es, también, constante y uniforme la doctrina jurisprudencialmente unificada que reconoce como causa organizativa justificativa de despido objetivo la externalización de determinados servicios, de tal manera que se produzcan cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal, o en el modo de organizar la producción.